En Colombia, la violencia y las violaciones de Derechos Humanos tienen un impacto desproporcionado en ciertas regiones del país, donde los conflictos armados, las economías ilegales y la ausencia del Estado han perpetuado una situación de vulnerabilidad. En esta serie de artículos, exploraremos las dinámicas de violencia en las principales regiones afectadas, con el objetivo de visibilizar las problemáticas y promover la acción para su solución.

Putumayo: Violencia, resistencia y desafíos sociales.

Putumayo, ubicado en el sur del país, es una región conocida por su biodiversidad y riqueza cultural. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos relacionados con la violencia, el narcotráfico y las violaciones de derechos humanos, lo que afecta profundamente a sus comunidades.

Geografía y demografía

Putumayo está compuesto por 13 municipios, incluyendo Mocoa como su capital. Según el censo del DANE (2018), la población del departamento es de aproximadamente 348,182 habitantes. Su posición estratégica lo convierte en un corredor clave para el tráfico de drogas y otras economías ilegales, lo que agrava las dinámicas de violencia en la región.

Contexto histórico

Putumayo ha sido históricamente un territorio en disputa debido a su riqueza en recursos naturales y su ubicación estratégica. Desde la década de 1980, la región ha estado marcada por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, fuerzas del Estado y comunidades locales, especialmente en torno al control de tierras, cultivos ilícitos y recursos energéticos.

En Putumayo, la violencia se manifiesta a través de desplazamientos forzados, asesinatos de líderes sociales y conflictos ambientales generados por actividades extractivas como la explotación petrolera.

Economía y conflictos territoriales.

La economía de Putumayo se caracteriza por la extracción de recursos naturales, principalmente petróleo, y la producción agrícola, incluida la coca, que ha convertido a la región en un epicentro del narcotráfico. También se destacan actividades como la ganadería y el cultivo de productos lícitos como plátano, yuca, cacao y café, aunque estas últimas enfrentan limitaciones por la falta de infraestructura y apoyo técnico. En los últimos años, se han promovido programas de sustitución de cultivos ilícitos, en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pero su implementación ha sido desigual, generando incertidumbre en las comunidades. Estos factores, junto con los conflictos territoriales y sociales, han impactado profundamente a las comunidades locales.

Además, Putumayo es una de las regiones con mayor concentración de cultivos de coca en Colombia. En 2023, se registraron más de 22,000 hectáreas sembradas con este cultivo, según el monitoreo de la UNODC. Aunque los programas de sustitución han intentado reducir esta cifra, las comunidades enfrentan enormes desafíos debido a la falta de apoyo técnico y la presión de los grupos armados que controlan estas economías ilícitas.

Las actividades petroleras en Putumayo han tenido un impacto devastador en el medio ambiente y las comunidades locales. Empresas como Ecopetrol, Gran Tierra Energy y Amerisur han desempeñado un papel significativo en la extracción de petróleo en la región, generando tensiones sociales y ambientales. La contaminación de fuentes hídricas, como ríos y quebradas, es uno de los principales problemas denunciados por los habitantes.

Ejemplos recientes incluyen el derrame de petróleo ocurrido el 2 de octubre de 2024 en el sector Costayaco, cerca del aeropuerto de Villagarzón, que impactó gravemente las fuentes hídricas locales. Otro caso destacado es el ataque al oleoducto línea de transmisión Moqueta-Costayaco el 7 de octubre de 2023, que provocó un derrame de crudo en las quebradas Parayaco, el río Mocoa y el río Caquetá, causando graves daños ambientales. Más recientemente, en 2024, se registró un derrame en la quebrada La Danta, en Villa Garzón, que afectó el ecosistema acuático y dejó a cientos de familias sin acceso a agua potable. Además, en octubre de 2024, la quebrada Danta Iaku, que abastece al resguardo indígena Inga de Wuasipungo, fue severamente contaminada debido a un derrame de petróleo, agravando la crisis ambiental en la región.

Estos incidentes son solo algunos ejemplos de los constantes derrames causados tanto por actividades ilegales, como las válvulas ilícitas, como por procesos deficientes en las operaciones de las empresas petroleras. Líderes locales han señalado la falta de acción efectiva por parte de las autoridades, incluyendo la Fiscalía y los entes ambientales, para investigar y mitigar los daños. A pesar de las denuncias, no se han implementado soluciones efectivas, dejando a las comunidades en una situación de vulnerabilidad.

Las operaciones petroleras también han generado deforestación y pérdida de biodiversidad, afectando gravemente los medios de subsistencia de comunidades indígenas y campesinas que dependen de estos ecosistemas. En el caso del río Mecaya, las comunidades han documentado con imágenes y reportes el impacto ambiental prolongado, mientras denuncian que las intervenciones han sido insuficientes para restaurar las condiciones iniciales de los recursos naturales.

Corrupción en Putumayo: una amenaza persistente a los derechos humanos y la justicia territorial.

---

Corrupción e impunidad institucional en Putumayo

La corrupción en Putumayo ha sido un obstáculo significativo para el desarrollo regional, afectando la confianza en las instituciones y la implementación efectiva de políticas públicas. Diversos casos judiciales han puesto en evidencia la magnitud de este problema:

• Condena a tres exgobernadores (octubre de 2024): La Corte Suprema de Justicia condenó a Fabián Alfonso Belnavis Barreiro, Renzo Alfonso León Vargas y Carlos Alberto Palacios Palacio por irregularidades en contratos durante sus administraciones. Belnavis Barreiro recibió una pena de 14 años y 9 meses de prisión y una multa de $5.335.814.791; León Vargas fue sentenciado a 10 años y 5 meses de prisión con una multa de $2.914.508.105; y Palacios Palacio enfrentó una condena de 10 años y 6 meses de prisión y una multa de $2.532.185.579.
• Judicialización de 271 personas (septiembre de 2022): La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de más de 200 personas en Nariño y Putumayo por actos de corrupción, incluyendo alcaldes, exalcaldes y miembros de la fuerza pública, relacionados con contratos amañados, sobrecostos y desvío de recursos públicos.
• Irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE): En agosto de 2024 se denunciaron deficiencias graves en la entrega de alimentos a niños y niñas en zonas rurales del departamento. Estas denuncias fueron presentadas ante el Ministerio de Educación Nacional y aún no han recibido respuesta efectiva.
• Destitución de la exgobernadora Sorrel Parisa Aroca Rodríguez: En 2016 fue destituida e inhabilitada por 11 años por irregularidades en un contrato cuando presidía la Asamblea Departamental. Aunque luego regresó al cargo, el caso refleja los vacíos en el sistema disciplinario.
• Captura del exrepresentante Jimmy Harold Díaz Burbano (2019): Fue arrestado por presunta participación en minería ilegal mediante el dragado del río Caquetá, cuando ejercía como gobernador.
• Condena al exgobernador Jorge Fuerbringer Bermeo (2009): Condenado por la Corte Suprema a 73 meses de prisión por falsedad y contratación irregular relacionada con material publicitario del plan de desarrollo departamental.

Estos casos evidencian cómo la corrupción ha permeado diversas esferas de la administración pública en Putumayo, desviando recursos esenciales para el desarrollo y bienestar de sus habitantes. La persistencia de estas prácticas corruptas no solo limita el acceso a derechos fundamentales, sino que también perpetúa la desigualdad y socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Es imperativo fortalecer los mecanismos de control y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas para avanzar hacia una gobernanza más justa y efectiva en la región.

Grupos armados.

Putumayo, debido a su ubicación fronteriza con Ecuador y Perú y su riqueza en recursos naturales, se ha convertido en un territorio estratégico para el accionar de múltiples grupos armados ilegales. Estas organizaciones no solo buscan el control de economías ilícitas, como el narcotráfico, sino también el dominio de corredores estratégicos que conectan con mercados internacionales y áreas de producción de cultivos ilícitos. La dinámica de violencia en la región está directamente relacionada con estas disputas de poder y recursos. Entre los principales actores se encuentran:

• Comandos de la Frontera: Surgidos como una disidencia de las FARC, este grupo es actualmente uno de los más influyentes en la región. Controlan rutas de narcotráfico y mantienen enfrentamientos constantes con otros actores armados.
• Frente Carolina Ramírez: También derivado de las FARC, este grupo se enfoca en la explotación de recursos naturales y el control de cultivos ilícitos.
• ELN (Ejército de Liberación Nacional): Aunque su presencia es más limitada, el ELN ha intentado expandir su influencia en Putumayo, provocando tensiones y alianzas temporales con otros grupos.

Además, existen alianzas internacionales que agravan la situación, como la colaboración entre grupos disidentes colombianos, narcotraficantes peruanos y organizaciones criminales brasileñas, como el Comando Vermelho. Estas dinámicas transnacionales intensifican la violencia y dificultan los esfuerzos locales de paz.

Impacto en la población civil.

La violencia en Putumayo tiene un impacto significativo en sus comunidades, evidenciado por su alta tasa de homicidios. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2023 la región registró una tasa de 65.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del país. Entre los responsables de los asesinatos de líderes sociales y otros crímenes se encuentran principalmente los grupos armados ilegales como los Comandos de la Frontera, el Frente Carolina Ramírez y, en algunos casos, actores estatales señalados en operativos polémicos. Este panorama subraya la necesidad de estrategias integrales para abordar la inseguridad y proteger a las comunidades más vulnerables.

Un ejemplo emblemático de las violaciones a los derechos humanos en Putumayo fue la masacre ocurrida en marzo de 2022 en el Resguardo Indígena El Remanso. Este operativo militar dejó 11 muertos, entre ellos un gobernador indígena y un menor de edad. En 2024, un juez penal de Mocoa condenó al capitán del Ejército Néstor Andrés Gómez Tabares a más de 33 años de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio, confirmando que al menos algunas de las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente. Esta sentencia reafirma la responsabilidad estatal en los hechos y evidencia las profundas tensiones entre las comunidades indígenas y las fuerzas militares en la región.

Estos hechos, junto con los asesinatos de líderes sociales, reflejan la constante amenaza hacia quienes defienden los derechos humanos. En 2024 se registraron 8 asesinatos de líderes sociales en Putumayo, entre ellos figuras emblemáticas como Libardo Rosero Tapia, líder comunal de Mocoa, y Luis Eduardo Vivas, un líder indígena reconocido por su trabajo en Páez. Estas muertes reflejan la constante amenaza hacia quienes defienden los derechos humanos y luchan por la justicia en sus comunidades. Desde 2016, se han documentado cifras alarmantes que oscilan entre 7 y 22 asesinatos anuales, según Indepaz. Esto destaca la urgente necesidad de garantizar la seguridad de los defensores y fortalecer los mecanismos de justicia en el departamento.

Desde 2016, Putumayo ha estado entre las regiones más afectadas por el asesinato de líderes sociales, con los siguientes registros anuales:

Resiliencia y movilización social.

Impacto del cambio climático en Putumayo.

El cambio climático representa una amenaza creciente para Putumayo, una región cuya biodiversidad y sistemas productivos están profundamente ligados al equilibrio ecolológico. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el departamento ha experimentado una reducción significativa en las precipitaciones anuales —disminuyendo aproximadamente 6.14 mm por año—, lo que ha exacerbado las sequías y reducido la disponibilidad de agua para consumo y agricultura. Además, las temperaturas promedio han aumentado en las últimas décadas, afectando cultivos sensibles como el café y el cacao, y generando condiciones propicias para plagas y enfermedades agrícolas.

De acuerdo con el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT) 2020–2049, formulado por CORPOAMAZONIA, la Gobernación del Putumayo y el PNUD, las principales consecuencias del cambio climático incluyen la alteración del régimen de lluvias, la pérdida de biodiversidad y la mayor frecuencia de eventos extremos como inundaciones y deslizamientos. El plan proyecta un aumento de entre 1 °C y 3 °C en la temperatura hacia finales del siglo, acompañado por una reducción general de las precipitaciones, lo cual afecta directamente a los ecosistemas hídricos y a la seguridad alimentaria. Entre 2002 y 2018, Putumayo perdió más de 110.000 hectáreas de bosque, debilitando su capacidad como sumidero de carbono.

El inventario departamental de Gases de Efecto Invernadero (GEI) indica que los sectores que más contribuyen a las emisiones son la deforestación, la ganadería extensiva, la industria petrolera y la quema de combustibles fósiles. En particular, la quema de gas en la industria petrolera y la producción bovina generan altos niveles de emisiones de metano (CH4), agravando el efecto invernadero.

Frente a estos desafíos, se han promovido diversas estrategias de adaptación y mitigación. El PIGCCT plantea medidas como la restauración de ecosistemas estratégicos, la promoción de prácticas agroecológicas, la protección de páramos y humedales, y el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres. Iniciativas destacadas incluyen el «Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz», núcleos de reconciliación con la naturaleza, casas flotantes adaptadas a inundaciones y aulas fluviales para educación ambiental. Organizaciones como WWF-Colombia también trabajan con comunidades locales para fortalecer capacidades de adaptación y fomentar el manejo sostenible de los recursos naturales.

No obstante, el informe advierte sobre la baja articulación institucional en varios municipios para incorporar el cambio climático en sus planes de desarrollo. En localidades como Puerto Asís, Mocoa y Leguízamo, se identificaron debilidades en la inclusión de metas e indicadores ambientales entre 2016 y 2019.

A pesar de las adversidades, Putumayo destaca por la fuerza de sus comunidades para superar la violencia estructural y el abandono estatal. Movimientos indígenas y campesinos han liderado procesos de defensa territorial y promoción de alternativas sostenibles:

• Proyectos de economía sostenible, como la producción de cacao y café orgánico, ofrecen alternativas reales al cultivo de coca y generan ingresos lícitos para las familias rurales.
• Educación para la paz mediante talleres en derechos humanos, resolución de conflictos y liderazgo comunitario en zonas rurales.
• Conservación ambiental impulsada por pueblos indígenas como los Inga y los Nasa, que integran conocimientos ancestrales con prácticas modernas para proteger la biodiversidad.
• Redes de solidaridad, principalmente lideradas por mujeres, que apoyan a víctimas del desplazamiento forzado y fortalecen el tejido social.

Putumayo enfrenta un doble desafío: proteger sus ecosistemas vitales y garantizar medios de vida sostenibles frente a una crisis climática que ya impacta su presente. Reforzar la implementación del PIGCCT y ampliar el compromiso institucional son pasos esenciales para construir una región más resiliente, justa y respetuosa de los derechos humanos.

Reflexión final.

Putumayo no solo refleja los dolores históricos de Colombia: es la radiografía viva de un modelo fallido que ha priorizado la extracción, la militarización y la corrupción por encima de la dignidad humana y la sostenibilidad territorial. Tras esta investigación, se revela con mayor claridad un patrón estructural de abandono estatal, captura institucional y violación sistemática de derechos, donde comunidades enteras han sido dejadas a merced de intereses económicos y actores armados.

Más que un territorio periférico, Putumayo es el espejo de las contradicciones del país: riqueza natural enfrentada al saqueo, liderazgo social silenciado por la violencia, y esperanza popular desbordando el cerco de la impunidad. Lo que emerge aquí no son solo cifras, sino el testimonio de un pueblo que resiste, propone y exige un nuevo pacto con el Estado colombiano.

Desde CHRIO BOGOTA, este recorrido nos convoca a trascender la denuncia y avanzar hacia una agenda de transformación profunda. Asumimos el deber ético y político de acompañar a las comunidades en su exigencia de verdad, reparación y garantías de no repetición. Seguiremos visibilizando estos hallazgos, no como hechos aislados, sino como parte de una crisis estructural que debe ser atendida con voluntad, justicia y un firme compromiso con la vida.

Créditos y agradecimientos

Este informe fue elaborado por:

• Ruby Lozada Delgado, lideresa social y Defensora de Derechos Humanos en el departamento de Putumayo.
• Jhon Faiver Ordóñez, director ejecutivo CHRIO BOGOTA y Defensor de Derechos Humanos.

Ambos comprometidos con la defensa de la vida, la dignidad de las comunidades y la construcción de paz con justicia social y enfoque territorial.

Créditos fotográficos

• Fotografía del río Caquetá en Puerto Guzmán, Putumayo (2019). Autora: Maritza Garzón.
• Fotografía del río Putumayo. Autor: Juan Miguel Narváez Eraso.

Estas imágenes fueron utilizadas con fines informativos y para ilustrar la riqueza ambiental del territorio, en el marco del análisis sobre derechos humanos en la región.

Mapas

• Mapa generado con datos espaciales de GADM (versión 2018).
  © 2018 GADM – Usado bajo licencia: https://gadm.org/license.html