El uso del software de espionaje Pegasus ha desatado alarmas en Colombia por las implicaciones que tiene en la protección de derechos fundamentales. Más allá de los cuestionamientos sobre la transparencia en su compra, Pegasus permite acceder a dispositivos electrónicos sin autorización judicial, generando graves impactos en la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso. En este artículo, abordamos las principales violaciones de derechos humanos y los tratados internacionales que están siendo ignorados.
1. Derecho a la Privacidad: Una Intromisión Arbitraria e Ilegal
El derecho a la privacidad es esencial para la dignidad humana y está protegido por el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La vigilancia realizada con Pegasus permite acceder de forma encubierta a datos personales, mensajes privados y llamadas, e incluso activar cámaras y micrófonos en dispositivos sin consentimiento del usuario.
En Colombia, estos actos constituyen una violación directa del artículo 15 de la Constitución, que protege la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones privadas. Sin autorización judicial, la vigilancia es ilegal y representa una forma de control sobre las personas que pone en peligro la vida privada de activistas, periodistas y ciudadanos comunes.
2. Libertad de Expresión: La Intimidación Silenciosa
El espionaje con Pegasus también vulnera el artículo 19 del PIDCP, que garantiza el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Periodistas, activistas y opositores políticos se encuentran en la mira de este tipo de herramientas, lo que genera un efecto intimidatorio que obstaculiza su labor y fomenta la autocensura. La vigilancia injustificada debilita la función crítica de la prensa, impidiendo que cumpla su rol de informar sobre abusos de poder y corrupción.
Esta amenaza a la libertad de prensa es especialmente preocupante en un país como Colombia, donde los periodistas ya enfrentan hostigamientos, amenazas y agresiones. El uso de Pegasus amplía el riesgo al crear un entorno de vigilancia constante, limitando las voces críticas y erosionando la democracia.
3. Debilitamiento del Debido Proceso y la Seguridad Jurídica
El espionaje sin control judicial compromete el debido proceso, un principio fundamental reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia. Cuando se recurre a herramientas como Pegasus para recolectar pruebas fuera del marco legal, se pone en riesgo la integridad de los procedimientos judiciales y se socava la confianza en las instituciones.
Además, las víctimas de esta vigilancia no tienen garantías de acceso a recursos legales efectivos para defenderse, lo que refuerza la impunidad y debilita el Estado de derecho. La obtención ilegal de información mediante Pegasus puede ser utilizada para fines políticos o represivos, afectando la seguridad jurídica y el equilibrio de poderes.
4. Intimidación a Defensores de Derechos Humanos y Activistas
La Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos de la ONU establece que los Estados tienen la obligación de proteger a las personas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el uso de Pegasus contradice este principio, ya que convierte a estos defensores en blanco de vigilancia y persecución.
El espionaje sin justificación se convierte en una herramienta de intimidación que restringe la acción de los activistas, quienes ven comprometida su seguridad y la de sus familias. Este tipo de vigilancia no solo afecta a las personas monitoreadas, sino que genera un clima de miedo que desincentiva la participación cívica.
5. Normativa Nacional y Derechos Digitales en Riesgo
Además de los tratados internacionales, el uso de Pegasus infringe normativas nacionales como la Ley 1581 de 2012, que regula el tratamiento de datos personales en Colombia. Esta ley establece que toda recolección de información debe realizarse con el consentimiento del afectado y bajo parámetros legales claros. Pegasus, al operar sin consentimiento, incumple con estos estándares.
En el contexto de la era digital, la vigilancia masiva también representa una amenaza para los derechos digitales, reconocidos en la Agenda Digital de la ONU. Estos derechos incluyen la privacidad en línea, la protección de datos y la seguridad digital, todos los cuales se ven comprometidos cuando las tecnologías se utilizan sin controles efectivos.
6. Colombia: La Vigilancia Digital como Arma contra los Defensores de Derechos Humanos
Colombia tiene una de las tasas más alarmantes de violencia contra defensores de derechos humanos en el mundo. Según datos de organizaciones como Amnistía Internacional y Front Line Defenders, los líderes sociales, activistas y comunidades indígenas enfrentan amenazas, hostigamientos y asesinatos de manera constante. En este contexto, el uso del software Pegasus agrava aún más su vulnerabilidad, ya que facilita la vigilancia encubierta y sistemática de personas en riesgo.
El espionaje sin control judicial no solo constituye una invasión de la privacidad, sino que también aumenta el peligro físico para los defensores. La capacidad de Pegasus para geolocalizar en tiempo real puede exponerlos al seguimiento por actores estatales o no estatales, dejándolos vulnerables a ataques directos. Esto convierte la vigilancia en un mecanismo de persecución, desalentando la labor de quienes denuncian violaciones de derechos humanos.
Además, la falta de transparencia en el uso de estas herramientas tecnológicas refuerza un clima de miedo y desconfianza hacia el Estado, lo que disuade la participación cívica. En un país donde la impunidad ya es un problema crónico, Pegasus añade una capa adicional de represión digital, erosionando aún más el espacio para la defensa de los derechos humanos.
En lugar de proteger a los líderes sociales, el Estado colombiano, al implementar tecnologías de vigilancia masiva sin regulación clara, pone en peligro su integridad y perpetúa la violencia estructural que afecta al país.
Conclusión: La Necesidad de Regulación y Transparencia
Colombia se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, las agresiones contra activistas han aumentado en lugar de disminuir, especialmente para quienes defienden el territorio, los recursos naturales y los derechos de comunidades vulnerables. Esta situación es alarmante, ya que las regiones estratégicas con alta riqueza natural se convierten en focos de violencia, desplazamientos y asesinatos.
En 2024, organizaciones como Amnistía Internacional informaron que las amenazas y ataques continúan intensificándose. Según datos recientes, hasta septiembre de 2024 se reportaron 632 agresiones, de las cuales 123 resultaron en homicidios. Esta escalada de violencia no solo refleja la falta de implementación efectiva de programas de protección, sino también el fracaso estructural en abordar las causas subyacentes del conflicto, como la desigualdad, la tenencia de tierras y la marginalización de comunidades rurales.
Pese a que existen programas como el de protección colectiva y el Sistema de Alertas Tempranas, la efectividad es limitada por la falta de voluntad política y la implementación fragmentada. Muchas defensoras y defensores se enfrentan a la estigmatización y son vistos como opositores del gobierno o aliados de actores armados, lo que agrava su vulnerabilidad. La situación es especialmente grave en áreas rurales donde confluyen intereses económicos y presencia de grupos armados.
En este contexto, la introducción de tecnologías como Pegasus agrava el riesgo, ya que facilita la vigilancia estatal y el seguimiento ilegal de activistas, socavando aún más su capacidad de defender los derechos humanos sin temor a represalias. La violación de la privacidad y la persecución digital se suman a la lista de violaciones sistemáticas, colocando a Colombia en el epicentro de la preocupación internacional sobre derechos humanos en la región.
Para más detalles, puedes revisar el informe completo sobre la crisis de violencia contra defensores en Colombia publicado por Amnistía Internacional en su sitio oficial: Amnistía Internacional España | Amnesty International.
Por Jhon Faiver Ordóñez
Colombia Human Rights International Organization
