En el corazón de la comuna 13 de Medellín, en las laderas de esta vibrante ciudad colombiana, se encuentra un lugar que ha pasado desapercibido para muchos, pero que guarda una de las historias más oscuras y desgarradoras del conflicto armado en Colombia: La Escombrera. Este lugar, aparentemente inofensivo, es un sitio de depósito de escombros que se ha convertido en un símbolo de violaciones a los derechos humanos, impunidad, olvido y lucha por la verdad.

Origen y Contexto Histórico

La Escombrera comenzó a operar como un vertedero de desechos de construcción, pero durante las décadas de los 90 y 2000, se convirtió en un lugar de entierro clandestino. Durante los años más intensos del conflicto en Medellín, especialmente tras las operaciones militares como la Operación Orión en octubre de 2002, se denunció que grupos paramilitares utilizaron este lugar para desaparecer a cientos de personas, enterrando sus cuerpos bajo toneladas de tierra y escombros.

La Operación Orión fue liderada durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, con la colaboración de fuerzas militares y policiales, y con el apoyo de grupos paramilitares. Este operativo fue presentado como un esfuerzo para recuperar el control de la comuna 13, que estaba dominada por guerrillas urbanas como las FARC y el ELN. Sin embargo, este operativo dejó una estela de desapariciones forzadas, asesinatos y desplazamientos. Según informes de organizaciones de derechos humanos, más de 100 personas desaparecieron durante y después del operativo. Estos actos constituyen graves violaciones a los derechos humanos, que hasta el día de hoy permanecen impunes. En Medellín, la operación se realizó bajo la alcaldía de Luis Pérez Gutiérrez.

La Lucha por la Verdad y los Derechos Humanos

Durante años, las familias de los desaparecidos han exigido justicia, verdad y reparación. Estas familias, muchas de ellas organizadas en colectivos como Mujeres Caminando por la Verdad, han señalado que La Escombrera podría albergar los restos de más de 300 personas. Sin embargo, las excavaciones han sido esporádicas y limitadas debido a la magnitud del sitio y la falta de voluntad política, perpetuando la negación de los derechos de las víctimas.

¿Por qué son tan demoradas las excavaciones?

El proceso de excavación en La Escombrera enfrenta múltiples desafíos que han prolongado la búsqueda de justicia. Uno de los principales obstáculos es la magnitud del sitio: se estima que más de 24.000 metros cúbicos de escombros cubren el área, una cantidad equivalente a lo que se necesitaría para llenar 10 piscinas olímpicas. Esta enorme cantidad de material dificulta las labores de búsqueda, ya que cualquier excavación requiere maquinaria pesada y un análisis minucioso de cada metro de tierra.

Además, la inestabilidad del terreno, resultado de décadas de acumulación de desechos, representa un riesgo tanto para los equipos de trabajo como para las estructuras cercanas. Esto implica un planeamiento cuidadoso y la utilización de tecnologías avanzadas como georradares, que permiten identificar posibles restos humanos sin necesidad de excavar grandes áreas de manera inmediata.

Otro factor clave es la falta de recursos económicos. A pesar de la importancia histórica y humanitaria del caso, los gobiernos locales y nacionales han asignado presupuestos limitados para estas labores. Las prioridades políticas suelen estar enfocadas en otros aspectos, dejando a La Escombrera relegada en las agendas de inversión pública. Este abandono ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como un reflejo de la indiferencia hacia las víctimas del conflicto.

El proceso de excavación: un reto técnico y humano

Las excavaciones comienzan con un mapeo detallado del área utilizando tecnologías como drones y georradares. Estos dispositivos identifican anomalías bajo la superficie que podrían indicar la presencia de restos humanos. Posteriormente, los equipos forenses inician la remoción cuidadosa de los escombros, analizando cada capa de tierra en busca de evidencias. Este proceso, aunque efectivo, es lento y puede tomar meses para cubrir áreas relativamente pequeñas.

Una vez se encuentran posibles restos, los forenses trabajan en su recuperación y análisis, utilizando técnicas de antropología forense para determinar la identidad de las víctimas. Este trabajo es fundamental no solo para establecer la verdad histórica, sino también para proporcionar a las familias un cierre necesario tras décadas de incertidumbre.

En paralelo, las organizaciones de víctimas y las instituciones judiciales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desempeñan un papel crucial al garantizar que las excavaciones se realicen con rigor y transparencia. La participación activa de las familias en estos procesos es otro elemento esencial, ya que su testimonio y resistencia han sido el motor que mantiene viva la búsqueda de justicia.

Los avances recientes

En años recientes, el alcalde Federico Gutiérrez ha sido criticado por colectivos de derechos humanos debido a su aparente falta de interés en avanzar en las excavaciones, argumentando que su administración ha priorizado otras iniciativas urbanas sobre las demandas de las víctimas. Esta falta de acción ha sido señalada como un intento de silenciar la memoria de lo sucedido en La Escombrera.

En contraste, el actual gobierno de Gustavo Petro ha expresado su intención de priorizar la verdad y la reparación de las víctimas como parte de su política de justicia social. En 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó nuevas investigaciones en La Escombrera, instando a las autoridades locales y nacionales a coordinar esfuerzos para retomar las excavaciones. La presión internacional también ha sido clave, con Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiendo pronunciamientos claros sobre la necesidad de garantizar justicia en este caso.

El interés renovado en continuar las excavaciones responde también a avances tecnológicos, como el uso de georradares, y al reconocimiento de La Escombrera como un lugar clave en la búsqueda de desaparecidos en el marco de los Acuerdos de Paz de 2016. Este enfoque ha generado nuevas esperanzas entre las familias, que ven un avance significativo en la recuperación de la memoria y el cierre de heridas.

Impunidad y Memoria

La Escombrera no solo es un recordatorio de las desapariciones forzadas, sino también de la impunidad que ha acompañado estos crímenes. A pesar de las denuncias y los intentos de excavación, el sitio sigue siendo un lugar de silencio, donde el peso de los escombros refleja el peso de la indiferencia estatal hacia los derechos humanos.

Este lugar también representa un desafío para la memoria histórica. Las familias de las víctimas han convertido su dolor en resistencia, organizando actos conmemorativos y exigiendo que La Escombrera sea reconocida como un sitio de memoria. Para ellas, cada metro cuadrado de este terreno representa una esperanza de encontrar a sus seres queridos y cerrar un capítulo de incertidumbre y sufrimiento. La falta de reconocimiento oficial y acciones concretas perpetúa la revictimización de estas familias.

Reflexión Final

La Escombrera es más que un lugar físico. Es un símbolo de las profundas heridas del conflicto armado colombiano y de la lucha incansable de las víctimas por la verdad, la justicia y la reparación. Recuperar este sitio y honrar la memoria de quienes allí reposan es un deber ético y moral para una sociedad que aspira a construir una paz duradera.

En un país donde la verdad a menudo queda sepultada bajo capas de silencio e impunidad, La Escombrera nos recuerda la importancia de excavar no solo la tierra, sino también las historias que allí yacen, para que nunca más el olvido sea cómplice de la violencia. Este caso debe ser un llamado urgente para que las instituciones cumplan con su deber de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las víctimas del conflicto.

JFaiver Ordóñez, Defensor Humanitario.